Columna de nuestra Directora en Idealex.Press

LA FRAGMENTACIÓN DE LA RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS

Lucía Torres Baeza

La atomización de los servicios vinculados a la tarea de impartir justicia en Chile, es el reflejo de los valores que nuestra sociedad ha cultivado y ensalzado en esta época, promoviendo el desarrollo de personas desconectadas, individualistas, exitistas, supremacistas en términos morales y muy intolerantes con la diferencia.

Es escaso el diálogo interdisciplinario y aún más escasa la definición de una tarea conjunta entre todos los actores involucrados. Los tribunales, estudios jurídicos, ministerio público, defensorías, centros de evaluación pericial, agencias sociales y demás, trabajan “solos”. Se contactan entre si, exclusivamente cuando necesitan algo del otro feudo y sólo si se estima que podrán “ayudarle” en el sentido de que les “servirá” para los fines que estiman convenientes.

Lo anterior incide fuertemente en la propuesta de acompañamiento institucional de un sistema familiar, el que en muchos casos dista de ser un “acompañamiento” que potencie recursos y construya un entramado social que sirva de soporte a una familia en dificultades, para ayudarle a transitar y resolver conflictos que han debido ser judicializados.

Un buen ejemplo de ello es una familia multiproblemática —el usuario más habitual en el sistema, por no decir casi exclusivo— que puede encontrarse involucrada en más de un proceso judicial a la vez:

—  En el ámbito penal; por ejemplo: padre o madre con causas penales como imputado o condenado por actuaciones delictivas.
— Con causa de protección tramitada a favor los hijos en Juzgado de Familia.
—  Recibiendo intervención la madre por programa de Servicio Nacional de la Mujer y equidad de Género por hechos de violencia intrafamiliar.
— Con intervención de programa ambulatorio o residencial para los hijos pequeños.
—  Derivado además a servicio sanitario por tratamiento de drogas o patología de salud mental de uno de sus miembros.
— Exigido por el sistema educativo frente a la deserción escolar del hijo adolescente, etc.

Cada servicio privilegia y protege los objetivos de su trabajo según lineamientos de la institución. El resultado, tal como lo refiere Colapinto —psicólogo social de gran prestigio que ha problematizado ya hace años esta situación— es “la disolución y la abdicación de las responsabilidades de la familia”, entendiendo esto como la convergencia y la complementariedad que se da entre las instituciones y la familia por mantener esta tendencia socio-cultural de que la intervención y la generación de cambio sea un proceso impuesto desde fuera del grupo familiar.

De esta forma vemos que existe una derivación compulsiva de familias o de sus miembros a instancias interventivas. Los juzgados de familia, asesorados por programas proteccionales de evaluación o de tratamiento enfatizan la necesidad de intervenir “todo”. Inclusive cuando se aprecian que las situaciones vulneradoras de derechos se encuentran gestionadas, el profesional de las ciencias sociales plantea una necesidad de monitorizar, atender, reparar a la familia o sus miembros, ya no como un derecho de ser asistido sino como una obligación de este usuario de permanecer bajo “vigilancia”, o como se dice en este contexto “visibilizado por el sistema de protección”.

Si bien, la ley de Tribunales de Familia N° 19.968 refiere en materia de protección infantil la grave vulneración de derechos o sospecha de grave vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes, en la práctica y de acuerdo a la oferta programática de servicios de la red institucional, todo es intervenible; los tribunales entonces se pronuncian también, a sugerencia de los mismos profesionales de la intervención o bien de la labor pericial, sobre las vulneraciones de derechos leves y moderadas y se sugieren intervenciones de corte terapéutico (psicológico) para todos ellos en programas de baja y mediana complejidad, donde la falta de cooperación por parte de las familias es visto como un incremento de la complejidad, por lo que los sistemas más vulnerables y en condición de precarización de la vida y sus vínculos queda enredada/atrapada en esta red de trabajo incluso por generaciones.

Colapinto da nuevamente algunas señales sobre la ecología del problema; no se trata tanto de que las familias resistan el cambio, como que no le ven sentido a las intervenciones, por cuanto no son suficientemente dueños del proceso de cambio, pues sus vidas están mucho más reguladas por “otros” que por ellos mismos. Yo agregaría a esto, que no todas las intervenciones que una familia puede requerir son de orden psicológico. Muchas veces el tema pasa con condiciones socioeconómicas, de organización doméstica, de redes de apoyo, que no pueden ser trabajadas o resueltas por una terapia psicológica.

Aunque el fenómeno del control social a través de las agencias sociales públicas y su discusión no es nuevo, no es un tema que ocupe un lugar en la agenda tanto política como, en este caso, del sistema judicial y proteccional a corto o mediano plazo.

¿Cuál es la salida? No está tan claro, sin embargo, la discusión y reflexión, el generar espacios para hacer comunidad, conectarnos y establecer las bases de una cultura colaborativa es la tarea en la que nuestro equipo se ha empeñado. Nuestro trabajo es escuchar, comprender a otros, sus razones y diferencias, no juzgar, ser respetuosos con quienes trabajamos y no en cuanto al trato cortés o amable, sino a una escucha respetuosa.

Por último, ser conscientes de nuestros sesgos y nuestras creencias. A nuestra generación le toca sembrar, quizás alcancemos a vislumbrar el fruto de este trabajo.

Lucía Torres Baeza es Directora de Centro de Estudios y Servicios Periciales, psicóloga, postitulada en peritajes en abuso sexual infantil, diplomada en pericia psicológica forense y test de Rorschach, con experiencia de 12 años en evaluación pericial en centros de la red pública y del ámbito privado (contacto@centropericial.cl).

#lajusticiaesnuestroúnicocliente
#Educarconectareinspirar

Cuando el trabajo forense resulta útil…

Me emociono hasta las lágrimas cuando me entero de que mi trabajo fue realmente un aporte en esta oportunidad, que desde mi quehacer y la disciplina que desempeño pude entregar a un tribunal una visión profesional y científicamente afianzada de los fenómenos psicológicos y relacionales que pude apreciar, referir las limitaciones de mi peritaje, los alcances y también criticar lo que como disciplina psicológica forense nos falta para poder responder de mejor modo a la necesidad de información y evidencia de aspectos que no son posibles de apreciar en la inmediación de un juicio que llega 5 años más tarde.

Trabajo hace 12 años como perito forense, he aprendido y avanzado junto con mi disciplina, estoy consciente de las limitaciones de mi área de trabajo, que tienen que ver principalmente con «el estado del arte» de la ciencia psico-jurídica en nuestro país, la escasez de instrumentos psicométricos con baremación nacional disponibles principalmente en lo que respecta a la evaluación forense para justicia de familia y la falta de diálogo comunicativo entre nosotros, los peritos, para la construcción de estándares y regulaciones de nuestra propia área.

Se trabaja en condiciones desfavorables principalmente en el ámbito público, en solitario, sin la necesaria supervisión, mal remunerados, con exceso de demanda y baja calificación; aun así el tribunal muchas veces prefiere esta pericia que parte desde un punto equidistante de las partes – se supone – antes que un perito privado, del cual se anticipa que es un vendido (los hay, pero todos entramos al mismo saco).

Pero hay personas morales, profesionales conscientes y calificados, movidos por un espíritu de justicia en el sentido más inocente y literal del concepto, que tratamos de conectar con nuestra humanidad y que se nos va el empeño y el esfuerzo por aportar novedad, aportar información, aportar luz en el proceso judicial, no para brillar, ni para reafirmar nuestra valía personal y profesional, sino para quienes el foco está puesto en las personas -adultos y niños- que han visto su situación judicializada, que viven y sufren las causales y también las consecuencias de cada caso tramitado en esta rama de la justicia de familia en particular.

Ya es duro y doloroso el camino que transitan estas familias y muchas veces los profesionales son parte del problema, colaborando de manera poco consciente e incluso poco ética en la toma de medidas desinformadas o basadas en presupuestos erróneos, para las personas que se encuentran en procesos judiciales. Es cierto que hace falta regulación, sino ¿cómo podemos diferenciar aquel que ha enarbolado la bandera del interés superior del niño desde una posición razonada y apoyada en la cientificidad de su rama del saber, de aquel profesional que pregona una validez aparente pero juzga a partir de prejuicios, sesgos, desconocimiento y sentido común?

No estamos ni cerca de tener la tarea de juzgar, sin embargo no pocas evaluaciones constituyen verdaderos JUICIOS valorativos y expresan eventualmente una sentencia antes siquiera de que el juez conozca la causa y menos emita una sentencia. Me parece que ciencia y prejuicio son inversamente proporcionales; cuanto más prejuicio o juicio valorativo hay en una evaluación, menos apoyo o sustento científico encuentras.

Encontré una cita que dice: «Los científicos pueden conjugar el verbo ser, pero no deben usar la expresión deber ser» y creo que efectivamente de eso se trata, nuestra labor pericial es apegarnos al método científico para la producción de evidencia documentada sobre el fenómeno que se pretende explicar, sin asumir una disposición de supremacía moral que juzga y mide con una vara de idealismo, comparando el desempeño o las características de una persona, con un ideal del deber ser.

Pero bueno, como dije al inicio, me emociona enterarme de que el trabajo pericial que desempeño – revisando incansablemente mis procesos internos y sesgos, sin defensas corporativas de las falencias de mi disciplina o de mi misma -, que las convicciones a las que arribé de manera razonada, documentada y amparada en la producción científica disponible, fueron esta vez útiles y recogidas por un tribunal que se dio a la tarea titánica de impartir justicia. Y entonces voy con todo otra vez.

Lucía Torres Baeza, Directora CESP