Acerca de la falta de regulación de la labor pericial en Chile

A propósito del reportaje de canal 13 del día 31/03/2019 (véase
http://www.t13.cl/videos/nacional/video-reportajest13-peritos-judiciales-regulacion-ninos-riesgo ) sobre la falta de regulación del trabajo pericial compartimos el siguiente análisis:

Como equipo nos encontramos convencidas de que es necesario y urgente sensibilizar respecto de la responsabilidad compartida que tenemos todos los actores del sistema judicial en el estado actual del funcionamiento y práctica desformalizada de la labor pericial que ha dado espacio para el desarrollo de  prácticas viciadas tanto a nivel institucional como profesional y personal, a las cuales ya nos hemos venido refiriendo en artículos anteriores:

( véase también «Mala Práctica profesional en el ámbito pericial» https://centropericial.cl/noticias/?p=470 , y «Peritajes: cuando la prueba no apoya la teoría del caso de quien lo contrató
https://centropericial.cl/noticias/?p=495 )

  1. De las instituciones de evaluación en el ámbito público:
  • Es de conocimiento general las lamentables condiciones de trabajo en que se desenvuelven los profesionales cuyo marco regulatorio se encuentra dado principalmente por el Servicio Nacional de Menores y las instituciones colaboradoras en el caso de los DAM, instancias que se encuentran saturadas por la demanda de tribunales, con imposibilidad de negarse a la prestación del servicio cuando ésta excede su capacidad, mediante requerimientos judiciales para el ingreso forzado;
  • que deben regirse por lineamientos restrictivos y anacrónicos impuestos por el Servicio Nacional de Menores, respecto del tiempo a emplear en la realización de las evaluaciones (a razón de uno por día, 20 casos mensuales por profesional en 20 días hábiles), metodologías y tipo de prestaciones estándar para todos los casos, entre otros;
  • donde se exige al profesional ir incluso más allá de la práctica forense debiendo éste pronunciarse respecto de sugerencias para la resolución de la causa, sin tener muchas veces todos los elementos necesarios para ello y no siendo el rol del perito, pues quien debe valorar la prueba es el juez y resolver conforme a las reglas de la sana crítica;
  • con salarios ofrecidos por las instituciones (con fondos del Estado) que no se corresponden con el nivel de experticia que se requiere, lo que favorece la alta rotación profesional y la baja capacitación del recurso humano.

2. De los profesionales que ejercen el rol pericial:

  • Si bien es posible comprender el contexto adverso precedentemente descrito, en el que se desenvuelve el perito, no es posible desligarlo de su responsabilidad por ejercer prácticas inapropiadas e irresponsables, que exceden su ámbito de competencia, muchas veces de forma irreflexiva respecto de las consecuencias de su falta de idoneidad (véase también «El peso de un mal diagnóstico en el sistema legal… el peritaje mal logrado
    https://centropericial.cl/noticias/?p=499 ) sobre todo en estos tiempos donde el avance de la disciplina forense se ha socializado a través de las redes, existe una oferta programática de formación en el área y se encuentra disponible y al alcance los avances en investigación del área.
  • No es posible que profesionales llamados peritos (expertos) en una materia consideren innecesario mantenerse estudiando o al menos pendiente de los avances de su disciplina y las tecnologías disponibles y en constante perfeccionamiento y modificación.
  • No es aceptable tampoco que utilicen de manera acomodaticia las metodologías y los datos obtenidos, que no brinden la necesaria atención a sus propios sesgos profesionales o personales,ni consideren en términos éticos las eventuales consecuencias nefastas de un mal diagnóstico para los niños y sus familias.

3. De los actores del ámbito jurídico (abogados, magistrados, consejeros técnicos)

  • También existen responsabilidades institucionales y personales que atañen a jueces y abogados, respecto de las capacidades y competencias que le permiten apreciar o controvertir los medios de prueba de los que disponen, identificar y discriminar buenas y malas prácticas de los profesionales forenses y de los informes, al menos en términos generales, o asesorarse cuando no les queda claro la calidad o el contenido del peritaje, centrándose en algunos casos en objetivos gananciales (me sirve o no me sirve la prueba).
  • En el caso de los informes del sistema público siquiera existe la posibilidad de controvertir la prueba (véase también «La ausencia de los peritos de organismos públicos en audiencia y el derecho a controvertir la prueba
    https://centropericial.cl/noticias/?p=460 ), pues los peritos están eximidos de concurrir a audiencia y están validados a priori por la magistratura, sólo porque se presume imparcialidad al no ser un peritaje ofrecido y pagado por las partes.

Coincidimos en la necesidad de un ente regulatorio, que supervise prácticas, límites de la labor pericial, aranceles, condiciones mínimas de participación en juicio, condiciones de trabajo en organismos públicos y recursos materiales y profesionales acordes a la alta especialización requerida.

No nos queda tan claro quién o desde donde debe venir esta supervisión a la labor pericial. Ustedes qué proponen?

Ps. Verónica Quinteros V.

Ps. Lucía Torres B.

El peso de un mal diagnóstico en el sistema legal… el peritaje mal logrado

El actual sistema de justicia ha definido la figura del perito y su rol auxiliar al servicio de los encargados de impartir justicia. Este perito puede ser requerido por tribunales o por las partes y el producto que entrega – la prueba pericial – debe ser apreciada por la magistratura de acuerdo a las reglas sana crítica. Esta operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas periciales, realizada con sinceridad y buena fe, le permite llegar a un veredicto en las diversas materias tramitadas.

Es relevante el peso que tienen las pruebas periciales por sobre otros medios de prueba, muchas veces es éste el recurso que inclina la balanza y que entrega elementos que pueden ser objetivables e imparciales para la correcta (o incorrecta) toma de decisión de la magistratura.

Específicamente, el peritaje en el ámbito de la salud mental y las ciencias sociales, responden a preguntas psico-legales relacionadas con aspectos cognitivos, emocionales, relacionales y conductuales, es decir, deben dar cuenta de la humanidad y toda  la complejidad de las personas evaluadas, así como la influencia o interferencia que estas características pueden tener en la controversia o conflicto alegado en tribunales.

Una vez concluido dicho peritaje por parte del profesional designado o elegido, ese documento queda en circulación y sus alcances van mucho más allá del propio juicio para el cual fue presentado. Este informe puede ser desarchivado cada vez que se tramita una nueva causa en el mismo Tribunal (por ejemplo, habitualmente en justicia de familia las separaciones, divorcios, cuidado de los hijos, alimentos, régimen comunicacional, medidas de protección se suceden en una cascada de causas incluso durante años, cuando una familia presenta elevados niveles de conflictividad post-ruptura) es reeditado en su contenido a la luz de la nueva causa tramitada y si sus resultados no fueron favorables al evaluado, será una información que lo perseguirá casi como una condena.

En posteriores informes periciales siempre saldrá a colación como un antecedente aquel informe pericial que valoró a la persona de manera transversal en un momento determinado de su biografía y en respuesta a una pregunta psico-jurídica específica, extrapolando los resultados a la actual causa y asumiendo en algunos casos, un carácter irreversible de lo allí planteado, olvidando la potencia de los factores dinámicos y circunstanciales que influyeron al momento de la evaluación y que en muchos casos ya ni siquiera se encuentran vigentes. Este puede tomarse incluso como un diagnóstico heredado si el profesional que asume una nueva responsabilidad de valorar los antecedentes  no es juicioso al considerar esta información solo como un dato más.

El informe forense es una herramienta de poder, tiene más fuerza que la propia realidad a la hora de definir en tribunales la verdad jurídica, convertida así en la historia o narrativa  oficial. Así, una madre o un padre catalogada(o) en un informe pericial como “Negligente”, difícilmente podrá contradecir esa etiqueta; si se plantea en dichos términos, puede ser incluso señalada(o) como irreflexiva(o) o resistente a la intervención.

Un hombre acusado de violencia intrafamiliar, definido y catalogado en cuanto al riesgo potencial de volver agredir sólo a partir del discurso de la presunta víctima poco puede hacer para revertir dicha impresión.

Un inadecuado manejo de la sospecha de abuso sexual, creará una víctima y un victimario quizás donde no lo había. Ciertamente no son la mayoría de los casos, pero no ha faltado la experiencia donde se ha interpretado erróneamente, de manera suspicaz y exagerada la referencia de un niño pequeño a conductas de higiene, contacto físico o juegos; o incluso sin haber referencias explícitas, frente a la presencia de conductas sexuales, masturbatorias, curiosas sin más, que asustan y alertan a los adultos, como si los niños fueran seres asexuados hasta la adolescencia.

Aquí todos los prejuicios, preconceptos y sesgos del profesional pueden contribuir a la construcción de una imagen alterada de la persona sujeto de evaluación y, siendo esta una valoración técnica, es una etiqueta muy difícil de modificar.

Los abogados entienden el peso del peritaje (si no, no lo ofrecerían); los jueces valoran una prueba que les permita resolver contando con información seria, imparcial y fidedigna; las personas confían en un experto y las cosas que dice. Pero no todos los “expertos” tienen clara conciencia de lo que implica para los involucrados que su trabajo sea mal logrado, y si tienen conciencia de ello y no les importa, más grave aún. En muchas oportunidades se utiliza como evidencia en juicio una prueba pericial que es presentada con un aura de rigor científico o metodológico que realmente no posee y que lleva a los juzgadores a cometer errores en la decisión final.

A lo anterior se puede sumar la realización de una “valoración no crítica de los dictámenes periciales” en función de una  fe ciega de los tribunales en el perito, así como la falta de instrucción de jueces y abogados sobre estas materias.

En el ámbito penal desde hace tiempo en varios países (EEUU, Reino Unido, Alemania) incluido Chile se está investigando acerca del uso impropio de la prueba pericial en el ámbito penal, el cual constituye el segundo factor de mayor relevancia en los casos de condenas erróneas que Innocence Project  han representado (EEUU). Se trataría de un aspecto presente en alrededor del 50% de los casos con exoneración de personas condenadas en las que se acreditó con posterioridad su inocencia, tan solo por debajo de los reconocimientos oculares errados que sería el aspecto de mayor incidencia.[1]

Las principales dificultades identificadas responden a:

  • El uso de pruebas periciales poco confiables, como resultado de la aplicación de métodos forenses poco confiables.
  • El testimonio inválido de los peritos como resultado de una tendencia en juicio a realizar afirmaciones y entregar conclusiones que no cuentan con apoyo empírico en su respectiva disciplina. Es decir, el problema se da en la manera en que los expertos reportan e interpretan los resultados obtenidos en sus operaciones al momento de entregar sus testimonios en las audiencias de juicio.
  • Mal comportamiento de los peritos: No referido a deficiencias específicas de un experto en un caso particular, sino más bien a comportamientos explícitamente orientados a causar un error. Esto incluiría conductas como: no dar a conocer al acusado evidencia favorable a su caso; fabricar evidencia forense en su contra; y, presentar la opinión forense de manera de asistir indebidamente al trabajo de las policías o los fiscales.
  • Uso tardío de la prueba pericial: uso y evaluación tardía de la evidencia experta en las investigaciones penales. En efecto, si bien en estos casos el uso de prueba pericial por lo general ha permitido exonerar a las personas inocentes antes de haber sido condenadas, un problema detectado en muchos de ellos es la tardanza en su realización. Por ejemplo, al someter a análisis las evidencias físicas encontradas en los sitios del suceso o en el curso de la investigación.[2]

Castillo (2013) ha destacado la existencia de problemas derivados de la enorme libertad que existe para presentar peritajes en nuestro país, el poco control realizado por los intervinientes y jueces a los mismos, y la posición institucional en la que se desempeñan una gran parte de los peritos (en instituciones que son auxiliares del Ministerio Público o las propias policías) que los pone en una situación problemática desde el punto de vista de su imparcialidad. [3]

Más allá de los resultados adversos en una causa y las consecuencias inmediatas de una decisión errada basada en un peritaje mal logrado y su presentación oral en audiencia, debe ser extremadamente doloroso y desesperante para una persona evaluada, verse  a sí mismo a través de los ojos de un llamado experto, que dice cosas sobre nuestra forma de ser y no poder reconocerse en ello. No solo en el ámbito penal, que puede resultar en la condena de un inocente, sino también en los otros ámbitos de la justicia, el de familia de forma especial, donde padres, madres, niños, hermanos, familias completas pueden resultar dañadas. En el mejor de los casos la resiliencia de las personas les permite seguir adelante y dejar esta experiencia en el pasado, pero en otros puede causar un enorme sufrimiento sin poder el(la) afectado(a) vislumbrar su fin hacia el futuro.

Ps. Lucía Torres B.


[1] Revista Ius et Praxis, Año 24, Nº 2, 2018, pp. 223 – 262 ISSN 0717 – 2877 Universidad de Talca – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal Mauricio Duce J.

[2] Revista Ius et Praxis, Año 24, Nº 2, 2018, pp. 223 – 262 ISSN 0717 – 2877 Universidad de Talca – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal Mauricio Duce J.

[3] ídem

La ausencia de los peritos de organismos públicos en audiencia y el derecho a controvertir la prueba

Progresivamente se ha instalado en nuestro actual sistema judicial la conciencia acerca de lo necesario del uso de evaluaciones periciales de toda índole para ayudar al juzgador en el conocimiento de materias que no son de su especialidad y esclarecer de este modo la verdad jurídica sobre los hechos en controversia.

En la justicia de familia el uso de peritajes del ámbito de la salud mental y del ámbito social se han generalizado a tal punto que los sistemas públicos que ofertan estos servicios (DAM, CAVAS, SML, unidad forense de hospitales) se encuentran saturados, con una capacidad de respuesta que fluctúa entre uno a doce meses en términos de espera para la evaluación. Una vez sorteado el primer obstáculo – tiempo de espera-, surgen otras dificultades que limitan la producción de informes rigurosos, técnicamente bien sustentados y exhaustivos, esto es la alta carga laboral por profesional, la alta rotación de los mismos,  la baja calificación en algunos casos de los peritos  en materias propiamente forenses, los lineamientos institucionales que “obligan” a la producción de determinados productos y la desactualización de las teorías y  metodologías que sustentan estas directrices en algunos casos, y por supuesto la sobredemanda sobre las plazas de cada centro.

Contra todas estas limitantes a la realización de un informe pericial, la ley ha establecido la posibilidad de acreditar la idoneidad del perito y el sometimiento de su metodología y conclusiones al escrutinio del Tribunal  y de los abogados parte, como la posibilidad de controvertir apropiadamente la prueba pericial, donde el profesional debe deponer con propiedad  el contenido de su informe y responder el interrogatorio y contrainterrogatorio; todo esto para que el juez pueda ponderar adecuadamente la prueba pericial. Es éste el momento en el cual el juez toma conocimiento por primera vez de la prueba con sus propios sentidos, de acuerdo al principio de inmediación.

Sin embargo, en la mayor parte de las audiencias, el perito del sistema público es “eximido” de concurrir a la audiencia, atendiendo lógicamente a las posibilidades matemáticas de que los profesionales puedan duplicarse y seguir en la vorágine de las evaluaciones a la vez que concurren a audiencia en similar cantidad de las pericias elaboradas mensualmente.

La pregunta que cabe es: el actual sistema de familia, puede en estas condiciones garantizar el legítimo derecho de una persona – cuestionada por algún acontecimiento en sus capacidades o responsabilidad -, de rebatir los resultados de un dictamen pericial elaborado en estas circunstancias? Y más aún, puede el juez apreciar apropiadamente esta prueba en letra muerta?

Ciertamente no se puede desconocer el aporte invaluable de estas pericias del aparato público; quizás lo más rescatable es que no existe en su designación una disposición tendenciosa de ningún tipo, o compromisos tácitos, siendo su único cliente el Tribunal; tampoco es posible poner todo en el mismo saco y hablar en términos rotundos sobre una labor pericial deficiente. Pero lo cierto es que la responsabilidad de la prueba en muchos casos recae casi de forma exclusiva en estos informes, por lo que el riesgo de perjuicio es elevado si no ha sido un trabajo bien logrado.

Es dable cuestionarse entonces ¿qué pasa cuando el profesional yerra en su juicio?

Sin posibilidad de perspectiva sobre el peritaje emitido, la persona evaluada puede verse afectada por una conclusión pericial obtenida quizás con falta de apego a la disciplina científica, o que involucre juicios de valor en base a las preconcepciones de lo adecuado/inadecuado/, bueno/malo, “normal”/alterado del propio profesional, o que éste concluya de manera tajante con información parcial; encontrándose el individuo virtualmente indefenso, con un informe que puede constituir una cuasi sentencia que lo perseguirá por años, como documento que circula y será visto como antecedente, si su situación varía o pide una revisión.

Si su abogado es aplicado, o la persona en cuestión dispone de recursos y conocimientos, quizás pueda solicitar un metaperitaje o una nueva evaluación, poco probable considerando que las personas de menos recursos son los principales usuarios de los servicios públicos periciales,  principalmente en causas por vulneración de derechos, donde no es obligatoria la representación por abogados. En estos casos, la persona se encuentra sola frente a un sistema judicial poco amigable, con lógicas e incluso un lenguaje distinto.