Claves prácticas para la evaluación forense de la parentalidad – Taller

Taller práctico, dirigido a psicólogos, donde abordaremos de forma diferencial los objetivos de la evaluación de parentalidad como prueba pericial y en respuesta a una pregunta jurídica específica de acuerdo a tipo de causa – contenciosa o proteccional – distinto de una evaluación en el ámbito clínico.

Detalles de su metodología, el abordaje de la posible simulación , mentira y/o engaño, instrumentos al servicio de esta tarea y estructuración del informe y sus conclusiones.

Los esperamos el 19 de Noviembre en Parque Cultural de Valparaíso, de 14 a 18.30 horas.

Valor $55.000 pesos

Consulta por descuentos a estudiantes e instituciones.

Columna de opinión en Idealex.press de Verónica Quinteros, Jefe Técnica de CESP: Informes periciales ¿A la medida?

El 9 de Octubre del presente fue publicada por Idealex Press la columna de Verónica Quinteros, Jefe Técnica de Centro de Estudios y Servicios Periciales. La compartimos aquí.

Por Verónica Quinteros

El cambio en el sistema judicial chileno, previamente inquisitivo y burocrático, que dio paso a una mayor agilización de los procesos legales de los ciudadanos, han favorecido la mayor participación de los mismos en diversas materias, haciendo imprescindible contar con medios de prueba forenses que puedan apoyar a descartar sus teorías del caso. En este contexto, se ha ido construyendo una representación social acerca de la maleabilidad de la prueba pericial, especialmente aquellas que provienen del mundo privado, razón por la cual intentaremos analizar cómo se ha ido construyendo esta percepción que debilita la confianza en las evaluaciones forenses.

El desarrollo y uso de peritajes es un tema que compete tanto al ámbito jurídico como al de la ciencia a la base de la cual se construye esta prueba. Existen múltiples variables que pueden afectar tanto el proceso de evaluación propiamente tal como al de construcción de las conclusiones periciales que serán ventiladas en el foro, donde además se presentan otros fenómenos que igualmente pueden afectar la valoración de la prueba, así como la construcción social acerca del valor de la misma como fuente auxiliar de la justicia.

El perito recibe el mandato del juez para realizar una evaluación pericial particular, que define tanto el objeto a evaluar como el fenómeno respecto del cual debe investigar. Sin embargo, en Chile el nuevo sistema acusatorio modificó la posición que asume el perito —ya no un auxiliar de la administración de Justicia—, quien pasa a formar parte de una especie de equipo técnico jurídico de las partes. Lo anterior tiene sentido desde la actual configuración de la justicia penal, pero no queda eximido de dificultades o vicios al sistema de producción y presentación de la prueba pericial forense.

En este contexto, el perito es primeramente contactado por la parte, con quien llega a un acuerdo económico para la realización de la evaluación, siendo posteriormente ofrecido como prueba aportada por la parte en audiencia y aceptadas por un juez.

Respecto del mismo objeto de evaluación ambas partes pueden ofrecer pruebas, incluso las mismas ofrecidas por la contraparte, diferenciándose una u otra exclusivamente en el perito designado para tales efectos y a cargo de quien van sus costos. Destaca la posibilidad de no presentar la prueba en caso de que esta vaya en sentido contrario a los intereses de la parte en cuestión, lo cual redunda en que las pruebas que finalmente llegan a audiencia son exclusivamente aquellas que la parte valora como útil para sus fines. En este punto, la prueba pericial ya ha comenzado su recorrido en la representación del tribunal como elemento que pudiera tener intereses creados en torno a los resultados del juicio en cuestión.

En el escenario descrito, las principales dificultades respecto a la forma en que se genera la prueba pericial, radica tanto en la posibilidad de generar condiciones de victimización secundaria principalmente en víctimas de delitos o perjuicios (depende de la materia), quienes podrán ser evaluadas en reiteradas ocasiones a fin de cumplir con las exigencias que demanda la evaluación forense y secundariamente en la desvalorización de la prueba en si misma, la cual desde un inicio es observada con suspicacia y desconfianza por parte del aparataje judicial, perdiendo su valor como fuente de claridad y explicación especializada en torno a un fenómeno específico en controversia.

En segundo lugar, es posible levantar otras variables que contribuyen a la percepción generalizada acerca de una supuesta parcialidad de la prueba, que dice relación con la figura del perito y del proceso de examinación propiamente tal; el perito debe lidiar con aspectos del proceso pericial que pueden finalmente interferir o afectar la objetividad e imparcialidad de sus conclusiones, algunos de ellos devenidos del funcionamiento psicológico o mental de los seres humanos (sesgo confirmatorio, sesgo de obsequiosidad, sesgo presupuestario, sesgo de atención entre otros) y otros relativos a la rigurosidad y alcances de la metodología empleada en la evaluación forense, la cual pudiera presentar errores en distintos momentos del proceso evaluativo (diseño, investigación, conclusiones), lo cual sin duda aumenta la vulnerabilidad del mismo, especialmente si el perito evaluador no cuenta con estrategias que le permitan un control riguroso de dichas variables que pueden afectar la investigación.

La percepción que se ha construido acerca de la maleabilidad de los peritajes, sigue a mi juicio siendo particularmente poco justa, ya hemos revisado buena parte de los factores que interfieren en la apreciación del peritaje como una prueba confiable y que sin duda deben ser visibilizados y asumidos por todos los actores involucrados en el proceso, en tanto la consecuencia nefasta de privar a la justicia y a las personas que buscan la misma de tan relevante herramienta para el esclarecimiento del fenómeno en cuestión.

Para enfrentar la dificultad de la falta de confianza del sistema judicial en los peritajes del mundo privado (los que contradictoriamente cuentan con mayores recursos en tiempo, condiciones, expertiz del evaluador) los tribunales han bombardeado el sistema público sobre el cual ha recaído la demanda masiva de producción de prueba pericial, no dando éste abasto, lo cual afecta tanto la oportunidad de la prueba como la calidad de la misma, encontrándose a la base la idea de que es mejor contar con una fuente imparcial, aun cuando sus resultados y procesos no sean todo lo rigurosamente necesarios.

En este escenario, no es posible desconocer las elevadas posibilidades de instrumentalización tanto de las pericias como de los peritos a cargo, redundando en causas en donde para cada prueba presentada, existe una prueba contraria destinada a contrarrestar sus argumentos, anulándose unas a otras en un proceso en el cual lejos de aclarar un fenómeno al tribunal, la prueba y el perito pueden redoblar sus esfuerzos en deslumbrar y confundir a su audiencia. En este contexto, intencionada o inintencionadamente, los peritos pueden formar parte de este proceso, con mayor o menor responsabilidad, amplificando ideas acerca de la manipulación de la prueba, como suspicacias y desconfianza en torno a la ética del perito.

El desafío del sistema finalmente dice relación con cómo otorgar a la prueba pericial el valor y la función de auxiliar de la justicia y no de la parte, responsabilidad que recae en todos los actores ligados al ámbito jurídico, incluido el perito, quien deberá velar por ajustarse a un proceso o metodología rigurosa (controlando sesgos) en base a la cual se arribe a conclusiones fundadas en la ciencia que practica y que no responda a otros intereses creados.

Verónica Quinteros Valencia es psicóloga clínica y forense, postitulada en terapia familiar, con formación orientada a la línea de justicia de familia. Tiene experiencia de más de 11 años en la línea diagnóstica de la red SENAME (DAM) y es actual jefe técnica en Centro de Estudios y Servicios Periciales.

Cuando el trabajo forense resulta útil…

Me emociono hasta las lágrimas cuando me entero de que mi trabajo fue realmente un aporte en esta oportunidad, que desde mi quehacer y la disciplina que desempeño pude entregar a un tribunal una visión profesional y científicamente afianzada de los fenómenos psicológicos y relacionales que pude apreciar, referir las limitaciones de mi peritaje, los alcances y también criticar lo que como disciplina psicológica forense nos falta para poder responder de mejor modo a la necesidad de información y evidencia de aspectos que no son posibles de apreciar en la inmediación de un juicio que llega 5 años más tarde.

Trabajo hace 12 años como perito forense, he aprendido y avanzado junto con mi disciplina, estoy consciente de las limitaciones de mi área de trabajo, que tienen que ver principalmente con «el estado del arte» de la ciencia psico-jurídica en nuestro país, la escasez de instrumentos psicométricos con baremación nacional disponibles principalmente en lo que respecta a la evaluación forense para justicia de familia y la falta de diálogo comunicativo entre nosotros, los peritos, para la construcción de estándares y regulaciones de nuestra propia área.

Se trabaja en condiciones desfavorables principalmente en el ámbito público, en solitario, sin la necesaria supervisión, mal remunerados, con exceso de demanda y baja calificación; aun así el tribunal muchas veces prefiere esta pericia que parte desde un punto equidistante de las partes – se supone – antes que un perito privado, del cual se anticipa que es un vendido (los hay, pero todos entramos al mismo saco).

Pero hay personas morales, profesionales conscientes y calificados, movidos por un espíritu de justicia en el sentido más inocente y literal del concepto, que tratamos de conectar con nuestra humanidad y que se nos va el empeño y el esfuerzo por aportar novedad, aportar información, aportar luz en el proceso judicial, no para brillar, ni para reafirmar nuestra valía personal y profesional, sino para quienes el foco está puesto en las personas -adultos y niños- que han visto su situación judicializada, que viven y sufren las causales y también las consecuencias de cada caso tramitado en esta rama de la justicia de familia en particular.

Ya es duro y doloroso el camino que transitan estas familias y muchas veces los profesionales son parte del problema, colaborando de manera poco consciente e incluso poco ética en la toma de medidas desinformadas o basadas en presupuestos erróneos, para las personas que se encuentran en procesos judiciales. Es cierto que hace falta regulación, sino ¿cómo podemos diferenciar aquel que ha enarbolado la bandera del interés superior del niño desde una posición razonada y apoyada en la cientificidad de su rama del saber, de aquel profesional que pregona una validez aparente pero juzga a partir de prejuicios, sesgos, desconocimiento y sentido común?

No estamos ni cerca de tener la tarea de juzgar, sin embargo no pocas evaluaciones constituyen verdaderos JUICIOS valorativos y expresan eventualmente una sentencia antes siquiera de que el juez conozca la causa y menos emita una sentencia. Me parece que ciencia y prejuicio son inversamente proporcionales; cuanto más prejuicio o juicio valorativo hay en una evaluación, menos apoyo o sustento científico encuentras.

Encontré una cita que dice: «Los científicos pueden conjugar el verbo ser, pero no deben usar la expresión deber ser» y creo que efectivamente de eso se trata, nuestra labor pericial es apegarnos al método científico para la producción de evidencia documentada sobre el fenómeno que se pretende explicar, sin asumir una disposición de supremacía moral que juzga y mide con una vara de idealismo, comparando el desempeño o las características de una persona, con un ideal del deber ser.

Pero bueno, como dije al inicio, me emociona enterarme de que el trabajo pericial que desempeño – revisando incansablemente mis procesos internos y sesgos, sin defensas corporativas de las falencias de mi disciplina o de mi misma -, que las convicciones a las que arribé de manera razonada, documentada y amparada en la producción científica disponible, fueron esta vez útiles y recogidas por un tribunal que se dio a la tarea titánica de impartir justicia. Y entonces voy con todo otra vez.

Lucía Torres Baeza, Directora CESP