PERITAJES PARA TRIBUNALES DE FAMILIA: EL PARIENTE POBRE Y DESPRECIADO DE LA PSICOLOGÍA FORENSE



La evaluación psicológico forense que se realiza para el tribunal de familia se hace con poco cariño. Con poco cariño y con poca conciencia de lo que está en  juego en este espacio y de las eventuales consecuencias de las medidas que se dicten para los niños involucrados y sus familias.

Al igual que un pariente pobre y subestimado, al que se le ayuda con lo que sobra, las evaluaciones periciales carecen muchas veces de rigurosidad, de técnica y de diseño, mendigando metodología y batería de pruebas a otras ramas, (psicología clínica, psicología forense en lo penal) y quedando al arbitrio del talento (juicio y ética) del evaluador que asuma la tarea.

El grueso de la prueba es encomendado a la red pública, sistema colapsado, estructurado con aún menos cariño y competencia por el Servicio Nacional de Menores, cuyos profesionales son seleccionados por su disponibilidad (para trabajar por pocas lucas y responder a una sobrecarga laboral extrema sin quejarse) y no por su idoneidad profesional. Convengamos que recién egresados o cesantes, todos sentimos una enorme vocación y talento por no dejarnos morir de hambre así es que aprenderemos en el camino lo que haya que aprender para conseguir un puesto laboral en la profesión que estudiamos. Esto no es nuevo, pero el SENAME es un ave Fénix, incombustible frente a los reportajes televisivos sesgados y superficiales sobre la realidad de los centros de diagnóstico, donde el hilo se corta por lo más delgado.

El mundo académico y de la investigación avoca sus esfuerzos a la producción de conocimiento y creación de herramientas para la intervención, tarea titánica, pero mira con desdén el área de evaluación, por lo cual vivimos adaptando y acomodando metodología cuyo objetivo es otro. Arrecian las críticas frente y todo es juicio ligero en este tema con escaso aporte para mejorar las condiciones de esta labor que podría hacer la diferencia si el sistema de justicia funcionara más desde el conocimiento y la evidencia que desde el sentido común.

Llamativo es que las causas proteccionales a diferencia de cualquier otra se pueden resolver sin abogado; sin juez incluso, cuando el Consejero Técnico se arroga atribuciones y sale a buscar el arreglo fuera de la sala del tribunal. Más allá de las fundadas razones de eficiencia y la garantía de que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones, es inimaginable pensar en esta figura en otro ámbito de la justicia.

Por otro lado, el estándar probatorio es bajo, ocasionalmente irrelevante, bastando que cualquiera eche a correr un rumor o una sospecha para separar familias, internar niños en el sistema proteccional, suspender el contacto de niños con su padre/madre, etc., amparados en la máxima de: “frente a la duda, protege”.  Es cierto que muchos fenómenos de maltrato son virtualmente imposibles de probar no obstante, la duda debiera estar fundada en hechos más menos objetivables.

No sabemos si esta es una opinión generalizada pero no han sido pocas las veces que hemos escuchado referencias de abogados que miran con desdén dedicarse a justicia de familia, porque no saca a relucir todos sus dotes de litigante o bien porque las materias son consideradas irrelevantes.

En todos los casos, nos parece que es una realidad muy en la línea del interés social y las políticas sobre infancia de nuestro país, que se quedan en la declaración de buenas intenciones hacia niños y niñas. de que hacen cosas, se hacen cosas por los niños y niñas en este país, ahora la calidad, pertinencia y efectividad de ello, ese es otro cuento.

Ps. Lucía Torres

Ps. Verónica Quinteros