La Evaluación de riesgo de conducta violenta en materias de violencia vistas en Tribunales de Familia: Sobre las tecnologías forenses disponibles para ayudar en la gestión del riesgo

Los delitos violentos como cita Andrés-Pueyo (2012) contrario a lo que nuestro imaginario colectivo considera, son más bien infrecuentes y no están al alza (en España solo un 15% del total de delitos, constituyen delitos violentos. Esta tasa disminuye a alrededor de un 10% en jóvenes). Sin embargo son para los operadores jurídicos y sociales, delitos de alta connotación, por el impacto y el daño que generan cuando suceden; homicidios, delitos sexuales, violencia contra la pareja grave y, son entonces, objeto de medidas casi exclusivamente de tipo paliativas o sancionatorias y mínimamente preventivas o restaurativas. Ni que decir respecto de medidas de reinserción de los delincuentes o agresores.

Lo anterior se encuentra fundado en una concepción de la maldad humana como patología, surgiendo el concepto de Peligrosidad  que inicialmente fue entendido como un estado patológico inmutable: «Perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad de mal previsto que hay que temer de parte del mismo (temibilidad)»(Garofalo, 1893, citado por Garrido et al., 2006 en Andrés -Pueyo 2012), vigente hasta el día de hoy en nuestra legislación. Se entiende así la idea de peligrosidad como un atributo “crónico”, “irrecuperable” que se asocia más bien a un “perfil de personalidad criminal”, o a la “patología mental severa del delincuente”. Los estudios empíricos que han intentado contrastar estas teorías han fracasado, no logrando recoger evidencia de la existencia de una llamada «personalidad criminal», salvo la formulación de la psicopatía como trastorno de personalidad que se ha acercado un poco más a este concepto, aunque los trastornos de personalidad antisocial y psicopatía son más cercanos al trastorno mental grave que a la personalidad normal.

La conceptualización de la peligrosidad ha ido variando y actualmente se considera más bien un concepto operativo que alude a la probabilidad de reincidencia.

Con el fin de operacionalizar la capacidad predictiva se ha propuesto en lo que va del s. XXI sustituir el concepto de peligrosidad criminal por el de valoración de riesgo violencia, atendido la confusión conceptual que el concepto peligrosidad genera, la impresición operativa de éste, la baja predictibilidad de conducta violenta y la estigmatización negativa del llamado «delincuente peligroso».

Principalmente en su faceta de factor de predicción de la violencia futura, el concepto de peligrosidad se encuentra fuertemente cuestionado por su base en un modelo causal determinista y no probabilístico del comportamiento humano. El comportamiento violento, como cualquier otro, está producido por una combinación compleja, cuasi-aleatoria de factores interactuando entre sí, y por tanto las causas de la conducta violenta no son exclusivamente atribuibles a factores internos del individuo.

Por ello, la práctica profesional  mediante el uso de herramientas estructuradas de evaluación del riesgo de violencia son usadas cada vez con mayor frecuencia y se basa en la idea de que para estimar eficientemente la probabilidad de que una persona se comporte en forma violenta deben tenerse en cuenta diversos elementos de la conducta a predicer, factores de riesgo específicos para cada tipo de conducta violenta (sexual, delitos violentos, violencia contra la pareja, etc.), las tasas de prevalencia, los escenarios de riesgo y el intervalo temporal del pronóstico. Con ello no solo se alcanza la estimación de la probabilidad de violencia en el futuro, sino también se pueden identificar  los focos de la intervención y las medidas preventivas (Arbach-Lucioni, A. y colaboradors, 2015)

En términos gruesos, la predicción del comportamiento violento y su reincidencia más utilizada hasta la fecha supone «diagnosticar»  mediante técnicas propias del juicio clínico aplicado por el técnico, la presencia o ausencia de peligrosidad, quien se arroga la autonomía de seguir lo que su experiencia y preferencia decida en caso caso, siendo su eficacia tan solo levemente superior al azar.

Ahora bien, la valoración del riesgo de violencia supone un cambio desde un concepto de «delincuente peligroso» a un «delincuente de alto riesgo», poniéndose el énfasis en el proceso de toma de decisiones del sujeto que ejerce la conducta violenta y en la que influirán diversos factores protectores y de riesgo, no solo psicológicos, entendiendo así los factores de riesgo con un efecto favorecedor pero nunca totalmente determinantes de la conducta violenta (Muñoz Vicente J. y López Osorio, J., 2016).

Este nuevo concepto supone un cambio en la metodología, desde el juicio clínico al llamado Juicio Profesional Estructurado, el cual se sirve de guías de valoración del riesgo específicas para cada tipo de violencia, las cuales, a diferencias de los tests, no miden constructos psicológicos, sino que precisan de estudios específicos orientados al análisis del suceso, en este caso el episodio violento, de manera retrospectiva y prospectiva (reincidencia).

De manera específica respecto de la violencia contra la pareja, existen numerosas guías de juicio profesional estructurado y técnicas actuariales (SARA, B- SAFER EPV-R, etc.), entendiendo – contrario a lo que se podría pensar – que para valorar el riesgo de violencia no se hace necesario conocer las causas o el porqué, sino solo conocer los factores de riesgo asociados.

Este tipo de violencia comporta ciertas complejidades en la valoración pericial del agresor, pues surge la paradoja de que si bien puede tener un elevado riesgo de reincidir en la conducta violenta hacia su pareja o ex pareja, no necesariamente será un individuo peligroso criminalmente, con historial delictivo generalmente ausente, adaptación social más o menos adecuada,  probablemente sin trastorno mental o toxicomanía asociada, pero de igual modo puede ejercer una conducta violenta de manera crónica, grave y reincidente.

En definitiva, esta metodología nos dice que la probabilidad de que suceda un determinado hecho violento puede ser estimada, siendo el primer paso el poder conocer sus determinantes (factores de riesgo). Proyectar las «decisiones» pasadas hacia el futuro pueden ayudar a valorar el riesgo de que la conducta violenta vuelva a suceder en determinadas condiciones, siendo esta estimación de riesgo relativa o condicional, no en términos de valores absolutos de probabilidad.

La evaluación de la presencia/ausencia y relevancia de los factores de riesgo (y protección), permite decidir niveles del mismo respecto a la producción de conducta violenta, comunicar y gestionar ese riesgo, mejorando así la precisión de las decisiones, guiar las intervenciones que se indiquen, proteger a las víctimas, y gestionar adecuadamente su seguridad. (Andrés-Pueyo, 2019)

«La violencia puede prevenirse. Esto no es una declaración de fe, sino una afirmación basada en la evidencia» (Dahlberg y Krug, 2002)