Acerca de la falta de regulación de la labor pericial en Chile

A propósito del reportaje de canal 13 del día 31/03/2019 (véase
http://www.t13.cl/videos/nacional/video-reportajest13-peritos-judiciales-regulacion-ninos-riesgo ) sobre la falta de regulación del trabajo pericial compartimos el siguiente análisis:

Como equipo nos encontramos convencidas de que es necesario y urgente sensibilizar respecto de la responsabilidad compartida que tenemos todos los actores del sistema judicial en el estado actual del funcionamiento y práctica desformalizada de la labor pericial que ha dado espacio para el desarrollo de  prácticas viciadas tanto a nivel institucional como profesional y personal, a las cuales ya nos hemos venido refiriendo en artículos anteriores:

( véase también «Mala Práctica profesional en el ámbito pericial» https://centropericial.cl/noticias/?p=470 , y «Peritajes: cuando la prueba no apoya la teoría del caso de quien lo contrató
https://centropericial.cl/noticias/?p=495 )

  1. De las instituciones de evaluación en el ámbito público:
  • Es de conocimiento general las lamentables condiciones de trabajo en que se desenvuelven los profesionales cuyo marco regulatorio se encuentra dado principalmente por el Servicio Nacional de Menores y las instituciones colaboradoras en el caso de los DAM, instancias que se encuentran saturadas por la demanda de tribunales, con imposibilidad de negarse a la prestación del servicio cuando ésta excede su capacidad, mediante requerimientos judiciales para el ingreso forzado;
  • que deben regirse por lineamientos restrictivos y anacrónicos impuestos por el Servicio Nacional de Menores, respecto del tiempo a emplear en la realización de las evaluaciones (a razón de uno por día, 20 casos mensuales por profesional en 20 días hábiles), metodologías y tipo de prestaciones estándar para todos los casos, entre otros;
  • donde se exige al profesional ir incluso más allá de la práctica forense debiendo éste pronunciarse respecto de sugerencias para la resolución de la causa, sin tener muchas veces todos los elementos necesarios para ello y no siendo el rol del perito, pues quien debe valorar la prueba es el juez y resolver conforme a las reglas de la sana crítica;
  • con salarios ofrecidos por las instituciones (con fondos del Estado) que no se corresponden con el nivel de experticia que se requiere, lo que favorece la alta rotación profesional y la baja capacitación del recurso humano.

2. De los profesionales que ejercen el rol pericial:

  • Si bien es posible comprender el contexto adverso precedentemente descrito, en el que se desenvuelve el perito, no es posible desligarlo de su responsabilidad por ejercer prácticas inapropiadas e irresponsables, que exceden su ámbito de competencia, muchas veces de forma irreflexiva respecto de las consecuencias de su falta de idoneidad (véase también «El peso de un mal diagnóstico en el sistema legal… el peritaje mal logrado
    https://centropericial.cl/noticias/?p=499 ) sobre todo en estos tiempos donde el avance de la disciplina forense se ha socializado a través de las redes, existe una oferta programática de formación en el área y se encuentra disponible y al alcance los avances en investigación del área.
  • No es posible que profesionales llamados peritos (expertos) en una materia consideren innecesario mantenerse estudiando o al menos pendiente de los avances de su disciplina y las tecnologías disponibles y en constante perfeccionamiento y modificación.
  • No es aceptable tampoco que utilicen de manera acomodaticia las metodologías y los datos obtenidos, que no brinden la necesaria atención a sus propios sesgos profesionales o personales,ni consideren en términos éticos las eventuales consecuencias nefastas de un mal diagnóstico para los niños y sus familias.

3. De los actores del ámbito jurídico (abogados, magistrados, consejeros técnicos)

  • También existen responsabilidades institucionales y personales que atañen a jueces y abogados, respecto de las capacidades y competencias que le permiten apreciar o controvertir los medios de prueba de los que disponen, identificar y discriminar buenas y malas prácticas de los profesionales forenses y de los informes, al menos en términos generales, o asesorarse cuando no les queda claro la calidad o el contenido del peritaje, centrándose en algunos casos en objetivos gananciales (me sirve o no me sirve la prueba).
  • En el caso de los informes del sistema público siquiera existe la posibilidad de controvertir la prueba (véase también «La ausencia de los peritos de organismos públicos en audiencia y el derecho a controvertir la prueba
    https://centropericial.cl/noticias/?p=460 ), pues los peritos están eximidos de concurrir a audiencia y están validados a priori por la magistratura, sólo porque se presume imparcialidad al no ser un peritaje ofrecido y pagado por las partes.

Coincidimos en la necesidad de un ente regulatorio, que supervise prácticas, límites de la labor pericial, aranceles, condiciones mínimas de participación en juicio, condiciones de trabajo en organismos públicos y recursos materiales y profesionales acordes a la alta especialización requerida.

No nos queda tan claro quién o desde donde debe venir esta supervisión a la labor pericial. Ustedes qué proponen?

Ps. Verónica Quinteros V.

Ps. Lucía Torres B.