El peso de un mal diagnóstico en el sistema legal… el peritaje mal logrado

El actual sistema de justicia ha definido la figura del perito y su rol auxiliar al servicio de los encargados de impartir justicia. Este perito puede ser requerido por tribunales o por las partes y el producto que entrega – la prueba pericial – debe ser apreciada por la magistratura de acuerdo a las reglas sana crítica. Esta operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas periciales, realizada con sinceridad y buena fe, le permite llegar a un veredicto en las diversas materias tramitadas.

Es relevante el peso que tienen las pruebas periciales por sobre otros medios de prueba, muchas veces es éste el recurso que inclina la balanza y que entrega elementos que pueden ser objetivables e imparciales para la correcta (o incorrecta) toma de decisión de la magistratura.

Específicamente, el peritaje en el ámbito de la salud mental y las ciencias sociales, responden a preguntas psico-legales relacionadas con aspectos cognitivos, emocionales, relacionales y conductuales, es decir, deben dar cuenta de la humanidad y toda  la complejidad de las personas evaluadas, así como la influencia o interferencia que estas características pueden tener en la controversia o conflicto alegado en tribunales.

Una vez concluido dicho peritaje por parte del profesional designado o elegido, ese documento queda en circulación y sus alcances van mucho más allá del propio juicio para el cual fue presentado. Este informe puede ser desarchivado cada vez que se tramita una nueva causa en el mismo Tribunal (por ejemplo, habitualmente en justicia de familia las separaciones, divorcios, cuidado de los hijos, alimentos, régimen comunicacional, medidas de protección se suceden en una cascada de causas incluso durante años, cuando una familia presenta elevados niveles de conflictividad post-ruptura) es reeditado en su contenido a la luz de la nueva causa tramitada y si sus resultados no fueron favorables al evaluado, será una información que lo perseguirá casi como una condena.

En posteriores informes periciales siempre saldrá a colación como un antecedente aquel informe pericial que valoró a la persona de manera transversal en un momento determinado de su biografía y en respuesta a una pregunta psico-jurídica específica, extrapolando los resultados a la actual causa y asumiendo en algunos casos, un carácter irreversible de lo allí planteado, olvidando la potencia de los factores dinámicos y circunstanciales que influyeron al momento de la evaluación y que en muchos casos ya ni siquiera se encuentran vigentes. Este puede tomarse incluso como un diagnóstico heredado si el profesional que asume una nueva responsabilidad de valorar los antecedentes  no es juicioso al considerar esta información solo como un dato más.

El informe forense es una herramienta de poder, tiene más fuerza que la propia realidad a la hora de definir en tribunales la verdad jurídica, convertida así en la historia o narrativa  oficial. Así, una madre o un padre catalogada(o) en un informe pericial como “Negligente”, difícilmente podrá contradecir esa etiqueta; si se plantea en dichos términos, puede ser incluso señalada(o) como irreflexiva(o) o resistente a la intervención.

Un hombre acusado de violencia intrafamiliar, definido y catalogado en cuanto al riesgo potencial de volver agredir sólo a partir del discurso de la presunta víctima poco puede hacer para revertir dicha impresión.

Un inadecuado manejo de la sospecha de abuso sexual, creará una víctima y un victimario quizás donde no lo había. Ciertamente no son la mayoría de los casos, pero no ha faltado la experiencia donde se ha interpretado erróneamente, de manera suspicaz y exagerada la referencia de un niño pequeño a conductas de higiene, contacto físico o juegos; o incluso sin haber referencias explícitas, frente a la presencia de conductas sexuales, masturbatorias, curiosas sin más, que asustan y alertan a los adultos, como si los niños fueran seres asexuados hasta la adolescencia.

Aquí todos los prejuicios, preconceptos y sesgos del profesional pueden contribuir a la construcción de una imagen alterada de la persona sujeto de evaluación y, siendo esta una valoración técnica, es una etiqueta muy difícil de modificar.

Los abogados entienden el peso del peritaje (si no, no lo ofrecerían); los jueces valoran una prueba que les permita resolver contando con información seria, imparcial y fidedigna; las personas confían en un experto y las cosas que dice. Pero no todos los “expertos” tienen clara conciencia de lo que implica para los involucrados que su trabajo sea mal logrado, y si tienen conciencia de ello y no les importa, más grave aún. En muchas oportunidades se utiliza como evidencia en juicio una prueba pericial que es presentada con un aura de rigor científico o metodológico que realmente no posee y que lleva a los juzgadores a cometer errores en la decisión final.

A lo anterior se puede sumar la realización de una “valoración no crítica de los dictámenes periciales” en función de una  fe ciega de los tribunales en el perito, así como la falta de instrucción de jueces y abogados sobre estas materias.

En el ámbito penal desde hace tiempo en varios países (EEUU, Reino Unido, Alemania) incluido Chile se está investigando acerca del uso impropio de la prueba pericial en el ámbito penal, el cual constituye el segundo factor de mayor relevancia en los casos de condenas erróneas que Innocence Project  han representado (EEUU). Se trataría de un aspecto presente en alrededor del 50% de los casos con exoneración de personas condenadas en las que se acreditó con posterioridad su inocencia, tan solo por debajo de los reconocimientos oculares errados que sería el aspecto de mayor incidencia.[1]

Las principales dificultades identificadas responden a:

  • El uso de pruebas periciales poco confiables, como resultado de la aplicación de métodos forenses poco confiables.
  • El testimonio inválido de los peritos como resultado de una tendencia en juicio a realizar afirmaciones y entregar conclusiones que no cuentan con apoyo empírico en su respectiva disciplina. Es decir, el problema se da en la manera en que los expertos reportan e interpretan los resultados obtenidos en sus operaciones al momento de entregar sus testimonios en las audiencias de juicio.
  • Mal comportamiento de los peritos: No referido a deficiencias específicas de un experto en un caso particular, sino más bien a comportamientos explícitamente orientados a causar un error. Esto incluiría conductas como: no dar a conocer al acusado evidencia favorable a su caso; fabricar evidencia forense en su contra; y, presentar la opinión forense de manera de asistir indebidamente al trabajo de las policías o los fiscales.
  • Uso tardío de la prueba pericial: uso y evaluación tardía de la evidencia experta en las investigaciones penales. En efecto, si bien en estos casos el uso de prueba pericial por lo general ha permitido exonerar a las personas inocentes antes de haber sido condenadas, un problema detectado en muchos de ellos es la tardanza en su realización. Por ejemplo, al someter a análisis las evidencias físicas encontradas en los sitios del suceso o en el curso de la investigación.[2]

Castillo (2013) ha destacado la existencia de problemas derivados de la enorme libertad que existe para presentar peritajes en nuestro país, el poco control realizado por los intervinientes y jueces a los mismos, y la posición institucional en la que se desempeñan una gran parte de los peritos (en instituciones que son auxiliares del Ministerio Público o las propias policías) que los pone en una situación problemática desde el punto de vista de su imparcialidad. [3]

Más allá de los resultados adversos en una causa y las consecuencias inmediatas de una decisión errada basada en un peritaje mal logrado y su presentación oral en audiencia, debe ser extremadamente doloroso y desesperante para una persona evaluada, verse  a sí mismo a través de los ojos de un llamado experto, que dice cosas sobre nuestra forma de ser y no poder reconocerse en ello. No solo en el ámbito penal, que puede resultar en la condena de un inocente, sino también en los otros ámbitos de la justicia, el de familia de forma especial, donde padres, madres, niños, hermanos, familias completas pueden resultar dañadas. En el mejor de los casos la resiliencia de las personas les permite seguir adelante y dejar esta experiencia en el pasado, pero en otros puede causar un enorme sufrimiento sin poder el(la) afectado(a) vislumbrar su fin hacia el futuro.

Ps. Lucía Torres B.


[1] Revista Ius et Praxis, Año 24, Nº 2, 2018, pp. 223 – 262 ISSN 0717 – 2877 Universidad de Talca – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal Mauricio Duce J.

[2] Revista Ius et Praxis, Año 24, Nº 2, 2018, pp. 223 – 262 ISSN 0717 – 2877 Universidad de Talca – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal Mauricio Duce J.

[3] ídem

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