La ausencia de los peritos de organismos públicos en audiencia y el derecho a controvertir la prueba

Progresivamente se ha instalado en nuestro actual sistema judicial la conciencia acerca de lo necesario del uso de evaluaciones periciales de toda índole para ayudar al juzgador en el conocimiento de materias que no son de su especialidad y esclarecer de este modo la verdad jurídica sobre los hechos en controversia.

En la justicia de familia el uso de peritajes del ámbito de la salud mental y del ámbito social se han generalizado a tal punto que los sistemas públicos que ofertan estos servicios (DAM, CAVAS, SML, unidad forense de hospitales) se encuentran saturados, con una capacidad de respuesta que fluctúa entre uno a doce meses en términos de espera para la evaluación. Una vez sorteado el primer obstáculo – tiempo de espera-, surgen otras dificultades que limitan la producción de informes rigurosos, técnicamente bien sustentados y exhaustivos, esto es la alta carga laboral por profesional, la alta rotación de los mismos,  la baja calificación en algunos casos de los peritos  en materias propiamente forenses, los lineamientos institucionales que “obligan” a la producción de determinados productos y la desactualización de las teorías y  metodologías que sustentan estas directrices en algunos casos, y por supuesto la sobredemanda sobre las plazas de cada centro.

Contra todas estas limitantes a la realización de un informe pericial, la ley ha establecido la posibilidad de acreditar la idoneidad del perito y el sometimiento de su metodología y conclusiones al escrutinio del Tribunal  y de los abogados parte, como la posibilidad de controvertir apropiadamente la prueba pericial, donde el profesional debe deponer con propiedad  el contenido de su informe y responder el interrogatorio y contrainterrogatorio; todo esto para que el juez pueda ponderar adecuadamente la prueba pericial. Es éste el momento en el cual el juez toma conocimiento por primera vez de la prueba con sus propios sentidos, de acuerdo al principio de inmediación.

Sin embargo, en la mayor parte de las audiencias, el perito del sistema público es “eximido” de concurrir a la audiencia, atendiendo lógicamente a las posibilidades matemáticas de que los profesionales puedan duplicarse y seguir en la vorágine de las evaluaciones a la vez que concurren a audiencia en similar cantidad de las pericias elaboradas mensualmente.

La pregunta que cabe es: el actual sistema de familia, puede en estas condiciones garantizar el legítimo derecho de una persona – cuestionada por algún acontecimiento en sus capacidades o responsabilidad -, de rebatir los resultados de un dictamen pericial elaborado en estas circunstancias? Y más aún, puede el juez apreciar apropiadamente esta prueba en letra muerta?

Ciertamente no se puede desconocer el aporte invaluable de estas pericias del aparato público; quizás lo más rescatable es que no existe en su designación una disposición tendenciosa de ningún tipo, o compromisos tácitos, siendo su único cliente el Tribunal; tampoco es posible poner todo en el mismo saco y hablar en términos rotundos sobre una labor pericial deficiente. Pero lo cierto es que la responsabilidad de la prueba en muchos casos recae casi de forma exclusiva en estos informes, por lo que el riesgo de perjuicio es elevado si no ha sido un trabajo bien logrado.

Es dable cuestionarse entonces ¿qué pasa cuando el profesional yerra en su juicio?

Sin posibilidad de perspectiva sobre el peritaje emitido, la persona evaluada puede verse afectada por una conclusión pericial obtenida quizás con falta de apego a la disciplina científica, o que involucre juicios de valor en base a las preconcepciones de lo adecuado/inadecuado/, bueno/malo, “normal”/alterado del propio profesional, o que éste concluya de manera tajante con información parcial; encontrándose el individuo virtualmente indefenso, con un informe que puede constituir una cuasi sentencia que lo perseguirá por años, como documento que circula y será visto como antecedente, si su situación varía o pide una revisión.

Si su abogado es aplicado, o la persona en cuestión dispone de recursos y conocimientos, quizás pueda solicitar un metaperitaje o una nueva evaluación, poco probable considerando que las personas de menos recursos son los principales usuarios de los servicios públicos periciales,  principalmente en causas por vulneración de derechos, donde no es obligatoria la representación por abogados. En estos casos, la persona se encuentra sola frente a un sistema judicial poco amigable, con lógicas e incluso un lenguaje distinto.